El alcalde de Icod prestó declaración ante el juez en relación con el caso Riquel

Juan José Dorta manifestó que la competencia de determinación final del uso del suelo es municipal

28 de marzo 2005
La Voz de Icod de los Vinos - Redacción

Como consecuencia de la querella que, admitida a trámite y en fase de diligencias previas, ha sido interpuesta por una representación de los vecinos de la Playa de San Marcos ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Icod de los Vinos, ante el importante deterioro medioambiental que afecta a la zona del litoral de Riquel a causa, como es conocido, de las actividades industriales que desde hace años ahí se desarrollan, recientemente han comenzado a prestar declaración ante el juez, en calidad de imputados, los representantes legales de las empresas denunciadas y también el alcalde icodense, Juan José Dorta.

Preguntado acerca de los hechos, en la declaración tomada por el titular del citado Juzgado al presidente de la Corporación Municipal de esta ciudad, según ha podido saber LA VOZ DE ICOD DE LOS VINOS éste declaró que “sabía que el paraje conocido como Riquel está clasificado como suelo rústico y de protección paisajística , conforme a las vigentes Normas Subsidiarias de Urbanismo del municipio y que desde la década de 1970 esta zona hizo el papel de vertedero insular, hasta que se construyeron las actuales instalaciones del PIRS en el municipio sureño de Arico”. En este punto, Dorta declaró asimismo al juez que “ya con anterioridad a su toma de posesión como alcalde se venían realizando en Riquel actividades de extracción de áridos y almacenamiento y desguace de vehículos”.

En relación a una orden de 1994 de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, por la cual se precintaron las empresas querelladas y que efectivamente dicho precinto se llevó a cabo, Juan José Dorta manifestó al magistrado que “tuvo conocimiento de esa orden y que tal precinto causó gran alarma social en la zona entre los empresarios, trabajadores y familias afectadas, y que éstos hablaron con él, como alcalde de Icod, tratándose entonces de buscar una solución al problema que contentase a la ciudadanía”. Añadió en tal sentido Dorta que “el Pleno del Ayuntamiento acordó, por unanimidad, el desprecinto de las industrias de Riquel, enviándose copia de ese acuerdo plenario a la entonces Delegación del Gobierno y al Gobierno Autónomo, sin que ninguno de estos organismos impugnara dicho acuerdo”.

El alcalde dijo al juez que desde aquel año -hace ahora más de diez- “tanto él como la Corporación que preside han tenido como objetivo encontrar una solución global a la problemática de Riquel sin perjudicar a los vecinos y que la intención del Ayuntamiento es la recuperación de este paraje a través del Plan General de Ordenación Urbana (PGO) y del PIOT”, aduciendo también que “han realizado desde la Corporación actuaciones concretas tendentes a la recuperación medioambiental de la zona”. Asimismo Dorta declaró que “le consta como alcalde que ha habido irregularidades de las empresas ubicadas en Riquel y que ha intentado buscar soluciones al respecto”. En su comparecencia, el primer edil también manifestó que “durante la fase de información pública y exposición del PGO del municipio no ha habido ninguna reclamación por parte de nadie en relación con Riquel”, así como que “desde que asumió la Alcaldía su intención siempre ha sido el traslado de las industrias de dicha zona hacia el futuro polígono industrial de Icod de los Vinos”.

Según informaron a LA VOZ DE ICOD DE LOS VINOS fuentes dignas de crédito, concedida por el juez la palabra al letrado de la parte querellante, al formular dicho abogado una serie de preguntas a Juan José Dorta -en concreto dieciséis- éste se acogió a su derecho a no contestar ninguna de ellas . Dejando el letrado constancia por escrito de estas preguntas, cabe destacar entre ellas que “si era cierto que el acuerdo municipal de suspensión de la ejecutividad del precinto de la actividad industrial en Riquel, se sujetó a qué en el plazo de un mes las empresas afectadas presentarán la documentación exigida para su legalización, así como proyectos de restauración ambiental de la zona ”. Otras de las preguntas, evidentemente relacionadas con la anterior, que formuló el abogado del querellante sin obtener tampoco contestación por parte del imputado fue que “por qué transcurrido el mencionado plazo de un mes, y tras diez años, no se ha cumplido lo adoptado en dicho acuerdo plenario municipa l”, así como que “si le constaba que la decisión plenaria del desprecinto de febrero de 1995 fue informada negativamente por los propios servicios jurídicos municipales ”.

Asimismo sin respuesta, el letrado formuló a Dorta la pregunta de que si “le constaba que en 1994 la Comisión de Ordenación Territorial de Medio Ambiente de Canarias -en aquel entonces denominada CUMAC- informó desfavorablemente cualquier posibilidad de autorizar actividades extractivas en Riquel ”, y también “si le constaba que en la zona hay apilados unos 15.000 vehículos a cielo abierto , infringiendo la normativa en esta materia” e igualmente “si le constaba que los líquidos vertidos y residuos de dichos vehículos se vierten sin ningún tipo de control ”. Posteriormente y a preguntas del letrado de unas de las industrias querelladas, el alcalde de Icod de los Vinos manifestó que “los informes emitidos por la entonces CUMAC pueden o no ser vinculantes, dependiendo del tema a que se refieran y que, en todo caso, la competencia de determinación final del uso del suelo es municipal ”.

Por otro lado y respondiendo a su propio abogado, Juan José Dorta declaró que “desde el Pleno de 1995 toda la política del Ayuntamiento sobre Riquel ha girado en torno a regularizar las actividades industriales allí desarrolladas, trasladar las empresas a un polígono y restaurar el paraje. Todo ello a través del Plan General de Ordenación Urbana (PGO), del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) y de convenios firmados por los industriales afectados”, así como que “ en 1995 no hubo denuncia ni queja alguna por parte de terceros perjudicados y que, al contrario, hubo una petición unánime de políticos, empresarios y trabajadores para desprecintar las industrias, siendo la situación preocupante por el número de familias desempleadas y llegando a producirse manifestaciones públicas recogidas en los medios de comunicación”.

En su comparecencia judicial, igualmente manifestó el primer edil a instancias de su letrado que “el Ayuntamiento se reunió en varias ocasiones con todos los colectivos vecinales, incluidos los de protección medioambiental y los de la Playa de San Marcos, y en ningún momento fue impugnado el PGO ni se formuló ninguna queja acerca de la actuación que se pretendía en Riquel”, declarando asimismo Dorta que “en relación con esta zona la Corporación que preside ha estado en contacto permanente con el Cabildo y con
la Consejería de Política Territorial del Gobierno Autónomo, con el fin de que el PIOT contemple el proyecto de recuperación de Riquel”. Como muestra de ello, el alcalde manifestó que “concretamente el Ayuntamiento se había dirigido al Cabildo sobre este tema en 2003 y en 2004, habiendo recibido por respuesta que el plan parcial de Riquel está catalogado como de prioridad 2 y que dicho plan se realizará en 2005” . También declaró el político icodense imputado en esta querella interpuesta por un representante vecinal de la Playa que “la problemática de Riquel está a punto de solucionarse, dado que el PIOT y el PGO se encuentran en fase de aprobación y que entonces el Ayuntamiento tendrá instrumentos legales para poder actuar”.